el juez ha explicado que aceptó investigar los hechos en aplicación de la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó al caso Scilingo por el que se le permitió dictar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.

Garzón ha recordado que a partir de diciembre de 2006 asociaciones de Memoria Histórica y también particulares presentaron denuncias sobre casos de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales y torturas, que encajan en el delito de crímenes contra la humanidad.